Panorama global de la violencia obstétrica
Violencia obstétrica en la UE
En toda la Unión Europea, la violencia obstétrica se reconoce cada vez más como una forma de violencia de género e institucional, así como una violación de los derechos humanos. Definido por el Consejo de Europa como intervenciones médicas no consentidas e inapropiadas durante el parto, este fenómeno está ganando visibilidad tanto en el discurso público como en los debates políticos.
No existe un marco jurídico armonizado en toda la UE. Portugal destaca como el único Estado miembro con una ley nacional que promueve explícitamente una atención respetuosa de la maternidad. Aunque la mayoría de los Estados miembros se basan en leyes generales sobre los derechos de los pacientes o la asistencia sanitaria, éstas a menudo se quedan cortas a la hora de prevenir violaciones como la falta de consentimiento informado o las prácticas clínicas abusivas. La legislación regional que define la violencia obstétrica sólo existe en algunas partes de España.
Las prácticas clínicas varían mucho. Los datos de Euro-Peristat muestran tasas elevadas de cesáreas, episiotomías y partos inducidos en varios países, procedimientos que, cuando se utilizan en exceso, pueden indicar violencia obstétrica. El uso rutinario de estas intervenciones, en contra de las recomendaciones de la OMS, sigue siendo habitual en algunos Estados miembros.
La recopilación de datos es incoherente y las metodologías difieren, lo que dificulta las comparaciones. Sin embargo, los estudios muestran que entre el 21% y el 81% de las mujeres denuncian al menos una forma de maltrato durante el parto. Las disparidades en la experiencia también están relacionadas con la raza, la edad, el estatus socioeconómico y las condiciones de salud.
Las organizaciones de la sociedad civil, los profesionales sanitarios y las instituciones nacionales han puesto en marcha diversas iniciativas: publicación de directrices clínicas, oferta de formación específica, sensibilización y apoyo a las acciones legales. Los observatorios sobre violencia obstétrica están activos en cinco países, y los esfuerzos de defensa están creciendo.
A pesar del aumento de la investigación y de la preocupación pública, sigue faltando una estrategia global para toda la UE. Los factores estructurales -desigualdad de género, jerarquías médicas y estereotipos perjudiciales- requieren respuestas sistémicas para garantizar una atención a la maternidad respetuosa y basada en pruebas en todos los Estados miembros.
Un breve resumen
La violencia obstétrica no está definida explícitamente en las leyes nacionales o de la UE, lo que dificulta el desarrollo de marcos jurídicos y políticas coordinadas. El propio término es objeto de debate: algunos prefieren "abuso" o "maltrato" a "violencia", una elección criticada por ignorar las dinámicas de poder y de género.
No existe un marco unificado para abordar la violencia obstétrica en todos los Estados miembros y la recopilación de datos es limitada. Sin embargo, los estudios disponibles revelan altos índices de atención no consentida, medicalización excesiva y trato irrespetuoso durante el parto. Entre el 21% y el 81% de las mujeres encuestadas afirman haber sufrido algún tipo de violencia obstétrica.
Aunque existen algunas iniciativas -como la formación, las causas judiciales y las campañas de sensibilización-, las respuestas siguen siendo fragmentarias. Se necesita una respuesta jurídica y política más enérgica y coordinada, que reconozca la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y de género.
Necesidad de una definición común
Un obstáculo clave para abordar la violencia obstétrica en la Unión Europea es la ausencia de una definición y un marco analítico compartidos. Sin una comprensión unificada del fenómeno -como una forma de violencia de género, institucional y basada en los derechos humanos- los avances en la legislación, la política y la práctica siguen siendo fragmentarios e insuficientes. La normalización de las definiciones permitiría crear normas jurídicas, establecer protocolos claros y orientar respuestas políticas coherentes en todos los Estados miembros.
Retos en materia de datos y coordinación
A pesar de la limitada e incoherente recopilación de datos, las pruebas existentes confirman que la violencia obstétrica es un problema generalizado y perjudicial en toda la UE. Sin embargo, la falta de datos nacionales, de indicadores armonizados y de un seguimiento sistemático obstaculiza los esfuerzos por evaluar plenamente su alcance. Es necesaria una coordinación estratégica entre los marcos jurídicos, los mandatos institucionales, los programas de formación, las directrices clínicas, los esfuerzos de investigación y las iniciativas de defensa para garantizar un progreso significativo y sostenible.
Recomendaciones estratégicas para la acción
Entre las recomendaciones figuran promover el aprendizaje mutuo entre los Estados miembros, encargar al Instituto Europeo de la Igualdad de Género la elaboración de indicadores pertinentes y financiar proyectos específicos para abordar las lagunas jurídicas y mejorar las normas de atención a la maternidad. A nivel nacional, se insta a los Estados miembros a que revisen los marcos jurídicos, apliquen protocolos clínicos, ofrezcan formación a los profesionales sanitarios, financien la investigación, refuercen los sistemas de seguimiento y apoyen las iniciativas de la sociedad civil para empoderar a las mujeres y avanzar en una atención respetuosa y basada en pruebas.
Preguntas frecuentes
Este conjunto de preguntas ofrece un resumen claro de la comprensión actual, las causas, las consecuencias y las respuestas a la violencia obstétrica en la Unión Europea. Basándose en los hallazgos institucionales, pretende apoyar la sensibilización, la formación y el desarrollo de políticas.
