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Políticas públicas y buenas prácticas
Reconociendo la gravedad de este problema, organismos internacionales como las Naciones Unidas (2019), el Consejo de Europa (2021), el Parlamento Europeo (2019, 2024) y la Comisión Europea (2024) han definido la violencia obstétrica como una violación de los derechos humanos, categorizándola tanto como violencia de género como violencia institucional.
Es importante señalar que la mayoría de los casos de violencia obstétrica no son intencionales. Más bien, se perpetúan a través de rutinas normalizadas y de un enfoque basado en el riesgo durante el embarazo y el parto. La violencia obstétrica es profundamente estructural e interseccional, y se encuentra enraizada en normas sociales, desigualdades en salud, estereotipos de género, jerarquías profesionales y en las dinámicas de poder entre las mujeres y los profesionales sanitarios.
De manera crucial, todas las mujeres, independientemente de su situación económica, nivel educativo o contexto sociocultural, están en riesgo de experimentar violencia obstétrica. Este problema tan extendido exige atención y acción urgentes para garantizar que todas las mujeres reciban la atención respetuosa y compasiva que merecen durante uno de los períodos más críticos de sus vidas.
«… esto significa que la protección legal no debería diseñarse para eliminar la vulnerabilidad haciendo que la mujer sea plenamente autónoma y situándola como única responsable de la situación, ya que ello sería imposible e indeseable. El mensaje de la vulnerabilidad universal es que necesitamos cooperar de manera respetuosa para encontrar soluciones a los desafíos que enfrentamos, pues carecemos de los recursos necesarios para responder a ellos de forma individual.»
— Camilla Pickles y Jonathan Herring, “Introduction”, en Childbirth, Vulnerability and Law. Exploring Issues of Violence and Control, Camilla Pickles y Jonathan Herring (eds.), Routledge, 2020, p. 8.







