Violencia obstétrica en España: ámbitos de evaluación y marcos de actuación

Aspecto	España	Enlace de referencia
Reconocimiento legal de violencia obstétrica	Sí, reconocido en Cataluña (Ley 17/2020). A nivel estatal, la Ley 1/2023 incluye medidas indirectas aunque no usa el término explícito.	Ley 17/2020, Ley Orgánica 1/2023
Protocolos nacionales de parto respetado	Sí. Guía de Práctica Clínica del Ministerio (2010) y desarrollo de nuevo protocolo estatal tras Ley 1/2023.	Guía de Práctica Clínica 2010, Ley Orgánica 1/2023
Tasa de cesáreas (%)	25–30% nacional (más alta en sector privado).	Informe Anual del SNS 2023
Tasa de episiotomías (%)	~26% (datos de 2019), en descenso pero aún por encima del estándar OMS.	Estudio sobre episiotomías
Presencia de plan de parto oficial	Sí, modelo oficial del Ministerio y comunidades autónomas.	Plan de Parto y Nacimiento
Derecho garantizado a acompañamiento durante parto	Sí, garantizado por normativa sanitaria, salvo contraindicación médica.	Ley 8/2003 de Castilla y León
Existencia de casas de parto / unidades lideradas por matronas	Unidades piloto dentro de hospitales. No hay casas de parto independientes.	Artículo sobre casas de nacimientos en España
Formación específica en parto respetado en profesionales sanitarios	Sí, incluida en Ley 1/2023. Formación creciente aunque aún desigual.	Ley Orgánica 1/2023
Encuestas nacionales sobre violencia obstétrica	No hay encuestas estatales. Existen estudios parciales y recogida de testimonios.	Informe del Observatorio de Violencia Obstétrica
Movilización social / campañas públicas activas	Sí, muy activa (campañas, medios, redes).	El Parto es Nuestro – Campañas
Observatorio u organismo oficial sobre parto respetado	Sí. Observatorio de Salud de las Mujeres (oficial) y Observatorio de Violencia Obstétrica (ciudadano).	Observatorio de Salud de las Mujeres
Aplicación de recomendaciones OMS / CEDAW / Consejo de Europa	Sí, parcialmente incorporadas en normativa y protocolos.	Recomendaciones de la OMS
Perspectiva interseccional aplicada (migrantes, minorías, etc.)	Sí, explícitamente integrada en la Ley 1/2023 y estrategias sanitarias.	Ley Orgánica 1/2023

.​

Resumen

En España, la legislación nacional no utiliza expresamente el término “violencia obstétrica”. Sin embargo, diversas normas regulan prácticas relacionadas con esta problemática, especialmente tras la reforma de la Ley Orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo, modificada por la Ley Orgánica 1/2023. Esta reforma ha introducido medidas orientadas a garantizar partos respetuosos y a reforzar los derechos de las mujeres en el ámbito gineco-obstétrico.

Normativa nacional: avances recientes

La reforma de 2023 incorpora nuevas obligaciones para los servicios públicos de salud, entre ellas:

• La recopilación sistemática de datos y el estudio de prácticas gineco-obstétricas contrarias a las recomendaciones científicas y a los principios de parto respetado, con el objetivo de orientar políticas públicas para su prevención y erradicación.
• La formación obligatoria en derechos de las mujeres para el personal sanitario que trabaja en ginecología y obstetricia.
• La implementación de protocolos centrados en el consentimiento informado, la reducción del intervencionismo y un trato digno durante el parto.
• La previsión de canales institucionales de reclamación para mujeres que hayan sufrido prácticas inadecuadas o abusivas en hospitales.

Estos principios están articulados en los artículos 27 a 30 de la Ley Orgánica 2/2010, que establecen la obligación de obtener consentimiento libre, previo e informado para cualquier intervención invasiva, reducir prácticas sin evidencia científica, garantizar el respeto en el trato y evitar la separación innecesaria del recién nacido de su madre. Asimismo, se exige la elaboración de un protocolo común de actuación para todas las comunidades autónomas, dentro de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva.

Autonomía de la paciente y consentimiento informado

A estas medidas se suma la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, que garantiza el derecho de toda persona a decidir sobre las intervenciones sanitarias que recibe. Esta ley establece que toda actuación médica requiere el consentimiento informado del paciente, salvo en situaciones de riesgo vital inminente. En esos casos, el personal sanitario debe consultar a familiares o allegados si es posible.

Recomendaciones internacionales y responsabilidad del Estado

En 2020, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de Naciones Unidas dictó un fallo contra el Estado español por un caso de violencia obstétrica, al considerar que se habían vulnerado los derechos humanos de una mujer sometida a múltiples intervenciones no consentidas. En su dictamen, el Comité instó a España a indemnizar a la víctima y a adoptar medidas para prevenir este tipo de prácticas en el futuro. Un segundo caso fue resuelto en el mismo sentido en 2022, consolidando la posición del Comité respecto a la violencia obstétrica como una forma de discriminación estructural hacia las mujeres.

Aplicación desigual y legislación autonómica

Si bien las reformas legales han supuesto un avance importante, organismos internacionales y asociaciones civiles han advertido que la aplicación de estas medidas es desigual entre las comunidades autónomas. Esta disparidad se debe en parte a que las competencias sanitarias están transferidas, lo que genera variaciones significativas en la atención al parto.

Algunas comunidades autónomas han dado pasos adicionales mediante legislación propia. Por ejemplo:

• Cataluña reconoce la violencia obstétrica como una forma de violencia machista dentro de su ley contra la violencia de género.
• El País Vasco incluye la violencia obstétrica en su Ley 1/2022, también como violencia machista.
• La Comunidad Valenciana ha reformado su legislación para incorporar el concepto de violencia obstétrica, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

Indicadores y prácticas clínicas

Datos del Ministerio de Sanidad muestran que, aunque ha mejorado la tasa de episiotomías (27,5 % en 2018), otras prácticas intervencionistas, como la inducción del parto, han aumentado significativamente (del 9,5 % en 1997 al 34,2 % en 2018). Se siguen utilizando técnicas como la administración de oxitocina, la maniobra de Kristeller, la rotura artificial de membranas o los partos instrumentales con mayor frecuencia de la recomendada, a menudo sin justificación clínica.

Encuestas y percepción social

Una encuesta realizada en 2020 a más de 17.000 mujeres reveló que el 38,3 % afirmaba haber sufrido violencia obstétrica durante el parto o el posparto. De ellas, el 45,9 % no fue informada ni se le pidió consentimiento para los procedimientos realizados; el 34,5 % recibió comentarios irónicos o despectivos; el 31,4 % fue tratada con diminutivos o apelativos infantilizantes; y el 48 % no pudo resolver sus dudas ni expresar miedos. En total, el 83,4 % declaró no haber otorgado consentimiento informado.

Respuesta social y movilización civil

Desde los años 2000 se ha desarrollado en España un movimiento social en torno a los derechos en el parto, con un papel destacado de organizaciones como El Parto es Nuestro, Vía Láctea y el Observatorio de Violencia Obstétrica. Estas entidades han promovido campañas de sensibilización, incidido en reformas legislativas y acompañado a mujeres en la denuncia de casos. Entre sus iniciativas se encuentran campañas como Stop Kristeller: Cuestión de gravedad o Unidos en Neonatos: No nos separes.

El Ministerio de Sanidad, a través del Observatorio de Salud de las Mujeres, ha participado en procesos de diálogo con la sociedad civil y profesionales sanitarios para elaborar estrategias como la Estrategia de Atención al Parto Normal (2007) y la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva (2011). La reforma de 2023 refuerza estos instrumentos con nuevos mecanismos de prevención y detección de prácticas contrarias a un parto respetado.

Tensiones entre actores institucionales y profesionales

Pese a los avances, persisten tensiones entre distintos actores. Algunas organizaciones profesionales, como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia o el Consejo General de Colegios de Médicos, han mostrado resistencia a reconocer la existencia de violencia obstétrica como fenómeno diferenciado. En contraste, otras entidades como la Federación de Asociaciones de Matronas, sociedades científicas regionales o asociaciones estudiantiles de medicina, enfermería y psicología han expresado su apoyo a las reformas y a la inclusión del término en la legislación.

España ha avanzado significativamente en la regulación de los derechos de las mujeres durante el embarazo, parto y posparto, incorporando en su marco legal principios fundamentales como el consentimiento informado, el trato respetuoso y la necesidad de prácticas basadas en la evidencia científica. Sin embargo, la ausencia del término “violencia obstétrica” en la legislación estatal, junto con la aplicación desigual de las políticas en las comunidades autónomas, muestra que queda un importante camino por recorrer en la garantía efectiva de estos derechos.

Marco legal y normativas sobre el parto respetado

En España, la violencia obstétrica no está tipificada como delito específico, pero el marco legal reciente ha comenzado a abordarla indirectamente. La Ley Orgánica 1/2023 (que reforma la Ley de salud sexual y reproductiva) introduce medidas para garantizar partos respetados: ordena recopilar datos y estudiar prácticas gineco-obstétricas contrarias a las recomendaciones sobre parto respetado, con el fin de orientar políticas públicas para su prevención y erradicación (​boe.es​) . Esta ley refuerza la formación obligatoria en derechos de la mujer para el personal sanitario y exige protocolos que pongan el consentimiento informado y el trato digno en el centro de la atención obstétrica (​boe.es) . También prevé canales de reclamación para mujeres que hayan sufrido estas conductas en los hospitales (​boe.es) .

A nivel internacional, se han sentado precedentes importantes. En 2020, el Comité de la CEDAW de la ONU emitió un dictamen histórico declarando a España responsable por un caso de violencia obstétrica: una mujer sometida a numerosas intervenciones no consentidas (tactos vaginales repetidos, inducción con oxitocina, episiotomía, etc.), violando sus derechos humanos (​publico.es) . La CEDAW instó al Estado español a indemnizar a la víctima y a implementar políticas para erradicar la violencia obstétrica​ (sociedadmarce.org) . Desde entonces, organismos internacionales han reconocido avances de España (por ejemplo, la reforma legal de 2023) pero advierten que su aplicación es desigual según la región (​igualdad.gob.es) , recomendando asegurar una implementación efectiva y coherente en todo el país. En mayo de 2023, la ONU valoró positivamente que España esté combatiendo la violencia obstétrica, pero “le preocupa que la aplicación no sea sistemática y haya disparidades significativas entre comunidades autónomas” (​igualdad.gob.es).

En cuanto a legislación específica, España no cuenta con una ley nacional que denomine explícitamente la “violencia obstétrica” como tal (a diferencia de países latinoamericanos pioneros). Sin embargo, algunas normativas autonómicas sí la mencionan: en Cataluña, la ley catalana contra la violencia de género reconoce la violencia obstétrica como una forma de violencia machista que debe prevenirse​ (epe.es) . A nivel estatal, el Ministerio de Igualdad ha defendido que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género contra las mujeres en el ámbito sanitario (​epe.es) . De hecho, en 2021 el Gobierno anunció la intención de incluir su reconocimiento en la reforma de la Ley 2/2010, equiparándola a otras violencias contra las mujeres (​publico.es​epe.es) . Esto generó debate con parte del sector médico (ver más abajo). No obstante, los derechos existentes ofrecen cierto amparo: la vulneración sistemática del consentimiento informado, de la integridad física o de la dignidad de la mujer durante el parto puede encuadrarse en mala praxis o incluso en violación de derechos fundamentales (integridad, libertad, intimidad) recogidos en la Constitución (​elpartoesnuestro.es) , aunque hasta ahora esos casos se han canalizado por la vía civil o contencioso-sanitaria más que penal.

Además de leyes, España cuenta con guías y planes oficiales para fomentar el parto respetado. El Ministerio de Sanidad lanzó en 2007 la Estrategia de Atención al Parto Normal para humanizar los nacimientos y reducir intervenciones innecesarias en el Sistema Nacional de Salud. Asimismo, la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva (2011) incluyó recomendaciones para mejorar la atención al embarazo, parto y posparto. La reforma de 2023 refuerza estas políticas: ordena que la nueva Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva incorpore un apartado específico de prevención, detección e intervención frente a prácticas obstétricas lesivas, y encarga al Consejo Interterritorial de Salud (con apoyo del Observatorio de Salud de las Mujeres) aprobar un protocolo común de parto respetado en todo el país (​boe.es) . En resumen, aunque no exista una figura legal autónoma de “violencia obstétrica” penada, el marco jurídico español en 2023 reconoce el problema y establece obligaciones a las autoridades sanitarias para vigilarlo, prevenirlo y garantizar los derechos de las parturientas.

La violencia obstétrica y el marco legal autonómico en España

Aunque en España la violencia obstétrica no está reconocida como un delito específico, el marco legal ha comenzado a abordar esta problemática de forma indirecta. La Ley Orgánica 1/2023, que reforma la Ley de salud sexual y reproductiva, establece medidas para garantizar partos respetados. Entre estas medidas se incluyen la recopilación de datos y la revisión de prácticas contrarias a las recomendaciones de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), para orientar políticas públicas de prevención y erradicación. Asimismo, esta ley exige la formación obligatoria en derechos de la mujer para los profesionales sanitarios, la implementación de protocolos centrados en el consentimiento informado y el trato digno, y la creación de canales de reclamación para las mujeres que hayan experimentado prácticas lesivas durante la atención obstétrica.

El marco internacional también ha influido en este ámbito. En 2020, el Comité de la CEDAW de la ONU emitió un dictamen histórico responsabilizando a España por un caso de violencia obstétrica, sentando precedentes en la lucha por los derechos reproductivos. Desde entonces, a pesar de los avances normativos, las disparidades en la implementación y el cumplimiento entre las distintas comunidades autónomas reflejan la necesidad de una aplicación coherente y efectiva en todo el país.

A nivel autonómico, algunas regiones han dado pasos significativos. En Cataluña, la Llei 17/2020 introduce por primera vez el concepto de violencia obstétrica, reconociéndola como una forma de violencia machista que debe ser prevenida. Esta ley establece que cualquier práctica que vulnere el consentimiento informado, limite la autonomía de la mujer o deshumanice la atención médica constituye una vulneración de derechos fundamentales. Además, subraya la importancia de respetar las decisiones de las mujeres, promoviendo una atención sanitaria basada en la dignidad, el respeto y la información veraz.

En el País Vasco, la Ley 1/2022 también incluye la violencia obstétrica dentro de las formas de violencia machista, ampliando la protección de las mujeres y reconociendo la importancia de eliminar prácticas médicas que atenten contra sus derechos. Esta ley refuerza la responsabilidad de las autoridades autonómicas de garantizar que las instituciones sanitarias cumplan con estándares de atención respetuosa y no discriminatoria.

Por otro lado, la Comunidad Valenciana, a través de la Ley 7/2021, introduce reformas en su legislación para incorporar el concepto de violencia obstétrica, alineándose con las recomendaciones de la OMS. Asimismo, esta ley promueve la mejora de las políticas públicas, asegurando que las mujeres tengan acceso a una atención de calidad que respete sus derechos y su integridad. También establece mecanismos para supervisar la implementación de estas medidas en los centros de salud y hospitales de la región.

Estas leyes autonómicas representan un avance significativo en el reconocimiento y la lucha contra la violencia obstétrica en España. Si bien no existe una legislación nacional que penalice específicamente estas prácticas, el marco normativo en regiones como Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana sienta las bases para un enfoque más amplio y coherente. Al mismo tiempo, la Ley Orgánica 1/2023 refuerza la necesidad de protocolos estandarizados y el monitoreo continuo de las prácticas obstétricas en todo el territorio español, marcando un camino hacia una atención sanitaria respetuosa y centrada en los derechos de las mujeres.

1. Ley 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres (País Vasco)

2. Llei 17/2020, de 22 de desembre, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (Cataluña)

3. Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat (Comunidad Valenciana)

Organismos públicos implicados y acciones gubernamentales

Varios organismos oficiales en España trabajan, directa o indirectamente, aspectos relacionados con la violencia obstétrica:

Ministerio de Sanidad

A través de la Dirección General de Salud Pública, ha promovido cambios en los protocolos asistenciales. Como se indicó, impulsó la Estrategia de Parto Normal y más recientemente, en coordinación con el Ministerio de Igualdad, deberá desarrollar el protocolo común de atención obstétrica respetuosa (​boe.es) . El Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM), organismo del Ministerio de Sanidad, ha sido reactivado para aportar perspectiva de género en las políticas de salud; la ley le encomienda participar en la elaboración de dicho protocolo y en el seguimiento de prácticas asistenciales contrarias a las recomendaciones, centralizando la recogida de datos periódica de los hospitales (​boe.es​boe.es) . El objetivo es que el OSM y el Consejo Interterritorial identifiquen patrones de maltrato o intervencionismo injustificado y propongan mejoras.

Ministerio de Igualdad

Ha jugado un papel clave en visibilizar y definir la violencia obstétrica como problema de derechos de las mujeres. A través del Instituto de las Mujeres, el Ministerio de Igualdad promovió en 2021 la reforma legal para incluir la violencia obstétrica en el marco jurídico​ (sociedadmarce.org​publico.es) . La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente de Igualdad, ha incorporado esta temática dentro de las “otras formas de violencia contra la mujer” en sus comunicaciones. Por ejemplo, el Ministerio destacó que la violencia obstétrica supone una vulneración de derechos reproductivos y celebró que la CEDAW reconociera por primera vez un caso en España instando a adoptar medidas integrales (​matronasextremadura.org) . Igualdad también ha coordinado campañas de sensibilización (en colaboración con ONG) sobre parto respetado y ha financiado estudios y formación en este ámbito.

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud

Este órgano de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas ha acordado líneas comunes para la atención perinatal. Tras la reforma legal, deberá aprobar el protocolo unificado de buenas prácticas obstétricas con enfoque de derechos (​boe.es) . Las Comunidades Autónomas, por su parte, están obligadas a implementarlo en sus servicios de salud (muchas ya cuentan con Protocolos de Parto Humanizado propios, que ahora deberán ajustarse al marco nacional). Algunas regiones han dado pasos adicionales: por ejemplo, Cataluña –además de reconocer la violencia obstétrica en su ley de violencia machista– ha creado dentro de su sistema sanitario un grupo de trabajo específico (ver más adelante), y Cantabria anunció en 2023 medidas para revisar las quejas de partos y mejorar la atención tras la apertura de un observatorio ciudadano.

Instituciones de defensa de derechos

El Defensor del Pueblo ha recibido quejas individuales relacionadas con partos traumáticos, si bien hasta la fecha no ha emitido un informe monográfico sobre violencia obstétrica. Por su parte, la Justicia española no dispone de fiscalías especializadas en este tema (como las hay para violencia doméstica), pero algunos juzgados civiles han conocido demandas por daños derivados de partos con trato indigno. La sensibilidad en el ámbito judicial empieza a cambiar a raíz de pronunciamientos internacionales: la decisión de la ONU-CEDAW de 2020, que halló vulneración de los derechos de una madre en un hospital español, ha sido distribuida a tribunales y administraciones como referencia sobre lo que no debe ocurrir (​publico.es) . A nivel de Unión Europea, España participa en proyectos sobre salud perinatal respetuosa; en 2019 el Consejo de Europa emitió la Resolución 2306 instando a los estados a prevenir el maltrato en el parto, algo que España se comprometió a cumplir (​matronasextremadura.org) .

Los organismos estatales (Sanidad, Igualdad) y autonómicos están oficialmente implicados en evaluar y frenar la violencia obstétrica, a través de la elaboración de protocolos, la formación de profesionales, la recopilación de datos sobre prácticas (por ejemplo, tasas de intervenciones) y la atención a quejas de usuarias. Queda por ver la efectividad de estas medidas en la práctica, dado que se señalan diferencias entre territorios en la aplicación de un modelo de parto respetado uniforme.

​igualdad.gob.es​igualdad.gob.es

Estudios académicos y evidencia científica

La violencia obstétrica ha pasado de ser un fenómeno poco estudiado a convertirse en objeto de numerosas investigaciones en España en los últimos años. Estudios académicos y científicos han buscado medir su prevalencia, comprender sus causas y consecuencias, y proponer soluciones:

Encuestas de prevalencia

Un estudio descriptivo de 2019, con 17.677 mujeres encuestadas en España, reveló datos preocupantes sobre la atención al parto. Según sus resultados, el 38% de las mujeres percibieron que durante su parto se les aplicaron procedimientos innecesarios o potencialmente perjudiciales, y un 34% declaró haber sufrido violencia obstétrica en su experiencia (​revistes.ub.edu) . Además, casi la mitad señaló falta de consentimiento informado en las intervenciones (45,8% dijeron que no se les pidió consentimiento antes de cada técnica) y falta de comunicación (49% no pudieron expresar dudas o temores) (​revistes.ub.edu) . Estos hallazgos, publicados en la revista MUSAS, evidencian que una proporción significativa de usuarias percibe maltrato o prácticas irrespetuosas en el parto.

Investigaciones internacionales comparables

Otra investigación citada con frecuencia es la realizada en 2019 y publicada en Women and Birth. En una muestra de 899 mujeres en España, este estudio encontró que 67,4% de las mujeres entrevistadas había sufrido violencia obstétrica, ya fuera física (54,5% reportaron haber sufrido alguna forma de violencia física), psico-afectiva (36,7%) o verbal (25,1%) (​observatorioviolencia.org) . Cifras como “2 de cada 3 mujeres” afectadas pueden indicar que, dependiendo de cómo se definan y pregunten las experiencias, la prevalencia percibida puede ser incluso mayor del tercio identificado en otros sondeos. En todo caso, los datos disponibles suelen oscilar entre un 30% y un 60% de mujeres que reconocen haber sufrido trato inadecuado en el parto, lo que confirma que no se trata de incidentes aislados​ (observatorioviolencia.org​) . Por ejemplo, el Observatorio de Violencia Obstétrica de España (OVO) estima que casi un 40% de mujeres se identifican como víctimas de este tipo de violencia, y un 44% fueron sometidas a procedimientos innecesarios o dolorosos, generalmente sin haber dado consentimiento informado (en el 83% de esos casos)​ (observatorioviolencia.org​) .

Estudios cualitativos y antropológicos

La academia española ha explorado las causas estructurales del problema mediante enfoques etnográficos. Una tesis doctoral en antropología social (Eva M. García, UAM 2018) conceptualizó la violencia obstétrica como la confluencia de violencia de género y mala praxis médica, manifestada en un trato deshumanizado, abuso de medicalización y patologización de procesos naturales del parto (​dialnet.unirioja.es) . Esta investigación, que incluyó entrevistas tanto a usuarias como a profesionales, resalta que la violencia obstétrica permaneció largamente invisibilizada por factores como el machismo en la sociedad, la falta de conciencia de la población, terminología confusa y sesgos androcéntricos en la medicina​ (dialnet.unirioja.es) . Desde esta perspectiva, la rutina de ciertas intervenciones (como realizar episiotomías por protocolo, negar opciones de posición, etc.) se normalizó históricamente, dificultando que se percibieran como una forma de violencia hasta fechas recientes.

Investigación sanitaria y de resultados

Varias publicaciones en el campo de la salud pública han examinado indicadores de calidad en la atención al parto. La revista Gaceta Sanitaria destacó en 2020 que la violencia obstétrica constituye una forma de discriminación de género y una violación a los derechos humanos, llamando a medir y atajar el maltrato en los servicios de maternidad​ (gacetasanitaria.org​). Investigadores españoles han analizado, por ejemplo, la variabilidad en las prácticas obstétricas: tasas de cesáreas, episiotomías, uso de maniobra de Kristeller, etc., por hospital y región. Los resultados muestran disparidades significativas que pueden indicar puntos de mejora. Por ejemplo, en Cantabria en 2021 la tasa de episiotomía al dar a luz fluctuaba desde un 16,3% en un hospital comarcal hasta más de un 51% en otro centro​ (eldiario.es) , aun cuando las guías nacionales e internacionales desaconsejan las episiotomías rutinarias. Estas variaciones sugieren que la aplicación de las recomendaciones de parto respetado no es uniforme; identificar dónde se siguen buenas prácticas y dónde persisten las intervenciones arbitrarias es parte de la evaluación oficial de la violencia obstétrica.

Violencia obstétrica durante la pandemia

Un área de estudio específico han sido los efectos de la pandemia de COVID-19. Investigaciones apuntan a que las restricciones implementadas en 2020 (prohibición de acompañantes, aislamientos, incremento de cesáreas “por precaución”) agravaron el problema. Un estudio español de 2021 recoge que muchas mujeres sintieron un trato más impersonal y aumento de intervencionismo durante la pandemia, con mayor número de partos instrumentales o separaciones madre-bebé por protocolo sanitario (​observatorioviolencia.org) . Esto ha llevado a reflexionar sobre la resiliencia de los derechos de las parturientas incluso en situaciones de crisis sanitaria. La propia OMS advirtió que las medidas anti-Covid no debían servir de excusa para vulnerar estándares de parto respetado, pero en la práctica se documentaron numerosos casos de violaciones de estos estándares en todo el mundo.

Consecuencias psicológicas

La literatura científica también ha profundizado en el impacto en la salud mental materna. La violencia obstétrica se ha asociado con trastorno de estrés postraumático posparto, ansiedad, depresión postnatal e incluso evita que algunas mujeres quieran tener más hijos por miedo (tocofobia secundaria) (​publico.es​) . Una revisión sistemática de 2024 confirma que estas experiencias de maltrato durante el parto pueden causar efectos psicológicos profundos, incluyendo TEPT (Trastorno por Estrés Postraumático), trastornos de ansiedad y depresión, además de dejar secuelas físicas (​estudiospsicologicos.com) . En España, perinatólogos y psicólogos han advertido que un porcentaje nada desdeñable de mujeres desarrolla síntomas de trauma tras un “parto violento” que requieren atención psicoterapéutica (​publico.es​). Aunque no hay datos epidemiológicos precisos, se estima (por extrapolación de estudios en otros países) que entre un 1,5% y un 6% de las mujeres que dan a luz pueden desarrollar TEPT posparto clínico​ (publico.es), y muchas más sufren efectos subclínicos. Estos hallazgos están impulsando investigaciones en el campo de la psicología perinatal y programas de apoyo para víctimas.

Los estudios académicos en España han documentado la existencia y gravedad de la violencia obstétrica, aportando cifras a un fenómeno antes negado, explorando sus raíces culturales (modelo biomédico paternalista, relaciones de poder médico-paciente) y mostrando sus consecuencias en la salud de las mujeres. Esta base de evidencia resulta crucial para que las autoridades reconozcan oficialmente el problema y guíen las intervenciones correctivas basadas en datos científicos.

Encuesta MUSAS: “¿Violencia obstétrica en España, realidad o mito?” (2019)

Este estudio recopiló 17.677 respuestas de mujeres que dieron a luz en hospitales españoles, tanto públicos como privados. Los resultados fueron los siguientes:​

• El 34% de las mujeres consideraron haber sufrido violencia obstétrica.​
• El 45,8% indicó que no se les solicitó consentimiento informado antes de cada procedimiento.​
• El 49% señaló que no tuvieron oportunidad de expresar dudas o miedos.​
• El 38% percibió haber recibido procedimientos innecesarios o potencialmente perjudiciales durante el parto.​
  

Estudio de la Sociedad Marcé Española (2020)

Investigadoras de la Universitat Jaume I y del Hospital do Salnés analizaron la percepción de violencia obstétrica en España, encontrando que:​

• El 38,3% de las participantes percibió haber sufrido violencia obstétrica.​
• El 54,5% sintió que la atención recibida la hizo sentirse insegura, vulnerable, culpable o incapaz.​

El estudio también destacó diferencias interterritoriales en la percepción de violencia obstétrica, sugiriendo la necesidad de políticas más homogéneas en todo el país. ​

Estudio publicado en “Women and Birth” (2021)

Un estudio transversal realizado en 2019 incluyó a 899 mujeres que habían dado a luz en los últimos 12 meses. Los hallazgos principales fueron:​

• El 67,4% de las mujeres reportaron haber sufrido violencia obstétrica.​
• El 25,1% experimentó violencia verbal.​
• El 54,5% sufrió violencia física.​
• El 36,7% vivió violencia psicoafectiva.​
  

El estudio concluyó que la violencia obstétrica es una problemática estructural en el sistema de salud español.

Asociaciones de profesionales de la salud y postura del sector

El debate sobre la violencia obstétrica ha involucrado a los profesionales sanitarios, con posturas diversas entre colectivos médicos y de enfermería:

Sociedades médicas (Ginecología y Obstetricia):

Inicialmente reaccionaron con escepticismo e incomodidad ante el término “violencia obstétrica”. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) emitió en julio de 2021 un comunicado rechazando y calificando de “muy desafortunado” dicho concepto, argumentando que podía generar alarmismo y erosionar la confianza médico-paciente​  (publico.es​). De igual modo, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) negó que hubiera maltrato deliberado en los paritorios españoles. Su presidente en 2019 llegó a preguntar retóricamente “¿Qué quiere decir eso [violencia obstétrica]? ¿Usar unos fórceps o hacer una cesárea de urgencia sin informar (por falta de tiempo) es violencia?”  (​matronasextremadura.org), sosteniendo que no existe violencia obstétrica sistematizada en el sistema público, sino que los ginecólogos actúan siempre buscando lo mejor para madre y bebé. No obstante, incluso desde SEGO se reconoció el dato de que un 34% de mujeres refieren abusos en el parto, y se afirmó estar “de acuerdo” en minimizar intervenciones (episiotomías, ventosas, etc.) cuando no sean necesarias (​matronasextremadura.org). En esencia, los portavoces de SEGO y algunos colegios médicos consideran el término ofensivo porque criminalizaría la actuación sanitaria, prefiriendo hablar de casos puntuales de mala praxis y no de una violencia estructural  (​epe.es​epe.es).

Asociaciones de matronas y enfermería obstétrica:

Por contraste, el colectivo de matronería en España ha reconocido abiertamente la existencia de violencia obstétrica y aboga por cambiar la atención perinatal. La Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME) publicó un manifiesto en 2021 declarando que la violencia obstétrica “se ejerce contra los derechos humanos de las mujeres por serlo (por ello es violencia de género) y va contra su dignidad e integridad”, añadiendo que también degrada la ética profesional de quien la ejerce​ (matronasextremadura.org). En dicho manifiesto, FAME recuerda que informes internacionales (OMS, ONU y Consejo de Europa) describen la violencia obstétrica como un problema global, sistémico y generalizado que viola derechos fundamentales de las mujeres (​matronasextremadura.org). Las matronas españolas reivindican la Iniciativa del Parto Normal y la atención humanizada como “herramienta fundamental” para erradicar estas prácticas (​matronasextremadura.org), y apoyan plenamente la incorporación de la perspectiva de género en la asistencia obstétrica. Muchas matronas, como profesionales en primera línea del parto, han sido impulsoras de protocolos de buen trato en maternidades (p. ej., fomentando el piel con piel, el acompañamiento continuo, la libertad de posición en el expulsivo, etc.) y suelen colaborar con organizaciones de usuarias para mejorar la experiencia del parto.

Iniciativas profesionales con enfoque de género:

Un hecho destacable es que algunas organizaciones médicas regionales han empezado a dar un giro constructivo. Por ejemplo, la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (Cataluña) sorprendió en 2022 creando el primer grupo de trabajo sobre violencia obstétrica y perspectiva de género dentro de una sociedad médica en España​ (epe.es​). La responsable de este grupo, la Dra. Mina Comas, señaló que era necesario que los profesionales participaran en la discusión, reconociendo que “la violencia obstétrica es una realidad incómoda” fruto de una sociedad patriarcal y una medicina tradicionalmente autoritaria​ (epe.es). Este grupo de trabajo pionero busca un diálogo constructivo, escuchando tanto a mujeres usuarias como a sanitarios, y basándose en conocimiento científico para proponer mejoras. El hecho de que una rama regional de SEGO adopte esta postura indica un cambio generacional y cultural en parte del colectivo médico, al menos en Cataluña, donde además la legislación autonómica ya avala ese enfoque​ (epe.es).

Ética y deontología médica:

También se ha abordado el tema desde los comités de ética. El Colegio de Médicos de Madrid, por ejemplo, difundió en 2021 un pronunciamiento de su Comisión de Deontología sobre la “mal llamada violencia obstétrica”, alineándose con SEGO en que el término es inapropiado, pero reconociendo implícitamente la necesidad de reforzar la humanización de la asistencia para evitar cualquier atisbo de maltrato. En general, los códigos deontológicos médicos enfatizan el respeto a la autonomía del paciente y la obligación de información: puntos cuya vulneración sistemática en obstetricia es, precisamente, lo que denuncian las víctimas de violencia obstétrica. De ahí que algunas voces dentro de la medicina pidan reflexión interna. Por ejemplo, tras la sentencia de CEDAW contra España, la abogada Francisca Fernández (especialista en derecho sanitario) comentó que en muchas sentencias sobre partos los jueces ni siquiera exigen el consentimiento informado como prueba, algo que calificó de sesgo que “excluye a las mujeres de la protección de la ley”, reconduciendo estos casos a meras cuestiones de práctica clínica (​publico.es​publico.es). Este tipo de críticas están llevando a sectores profesionales a reconocer que es preciso un cambio en los protocolos y en la mentalidad asistencial para no conculcar derechos.

Dentro del sector sanitario español coexisten dos visiones: una defensiva, reticente a hablar de “violencia” en el parto (más presente entre algunos ginecólogos), y otra autocrítica, que admite fallas en la atención tradicional y promueve reformas (especialmente entre matronas, enfermería y profesionales con perspectiva de género). No obstante, ambas visiones coinciden en algo: la necesidad de mejorar la calidad y humanización del parto. La controversia sobre la terminología está dando paso, poco a poco, a compromisos concretos, como revisar protocolos, formar en comunicación y consentimiento, y desterrar prácticas obsoletas (Kristeller, episiotomía rutinaria, etc.) tal como reclaman los estándares actuales (​observatorioviolencia.org). En definitiva, los profesionales de la salud se encuentran ahora involucrados en el proceso de evaluación y solución de la violencia obstétrica: bien sea para negarla y matizarla, bien para visibilizarla y combatirla, pero ya no pueden ignorarla.

Asociaciones feministas, de usuarias y ONGs destacadas

El empuje para reconocer y evaluar la violencia obstétrica en España ha venido en gran medida de la mano de asociaciones de mujeres, colectivos feministas y organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos sexuales y reproductivos. Entre las más relevantes se encuentran:

El Parto es Nuestro (EPEN)

Fundada en 2003, es una asociación de usuarios (madres y algunos profesionales) pionera en abogar por el parto respetado. Durante casi dos décadas ha visibilizado testimonios de partos traumáticos, elaborado informes y propuesto cambios en hospitales. EPEN fue la primera en hablar abiertamente de “violencia obstétrica” en España, especialmente tras 2007 cuando este término cobró fuerza en Latinoamérica. En 2018, cuando la SEGO negaba la existencia de este problema, El Parto es Nuestro publicó un comunicado de réplica destacando que efectivamente muchas mujeres sufrían maltrato obstétrico y que negarlo era otra forma de violencia. La asociación ha elaborado manifiestos (por ejemplo, “Cuando las mujeres hablan”, 2018) denunciando que la violencia obstétrica atenta contra la dignidad y los derechos humanos de las mujeres por el mero hecho de ser mujeres​ (elpartoesnuestro.es​elpartoesnuestro.es). EPEN ofrece apoyo a afectadas, recopila experiencias (cuenta con un banco de relatos de parto) y realiza una labor de lobby ante las administraciones. Su incidencia ha sido fundamental para que hoy se hable del tema: logró, por ejemplo, que la ONU admitiese casos españoles (EPEN acompañó jurídicamente a varias víctimas en la denuncia ante CEDAW) (​publico.es). También es la organización tras la creación del Observatorio de Violencia Obstétrica (ver apartado de Observatorios).

Observatorio de VO

Merece mención especial la iniciativa de EPEN de crear el Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO) de España. Lanzado en noviembre de 2019, se concibió como un organismo multidisciplinar dentro de la asociación para denunciar públicamente las prácticas constitutivas de esta violencia y promover su erradicación (​elpartoesnuestro.es). En palabras de EPEN, decidieron crearlo “conscientes de las altas tasas de violencia obstétrica en nuestro país y de la invisibilización del fenómeno”​ (elpartoesnuestro.es). Inicialmente lo integraron expertas de distintos campos: una abogada feminista (F. Fernández Guillén), una psiquiatra perinatal (Ibone Olza), una ginecóloga (Charo Quintana), una activista/educadora prenatal (Jesusa Ricoy) y una matrona académica (Lola Ruiz)​ (elpartoesnuestro.es). Como ONG, el Observatorio VO tiene entre sus funciones canalizar la comunicación entre instituciones sanitarias, colectivos profesionales y asociaciones de usuarias, sirviendo de puente para colaborar en la eliminación del maltrato obstétrico (​elpartoesnuestro.es). También se dedica a recoger, analizar y difundir información sobre violencia obstétrica (ha realizado encuestas, informes de prensa, etc.) y a evaluar las medidas que se adopten para combatirla (​elpartoesnuestro.es). EPEN y su Observatorio han sido fuentes de datos para medios de comunicación y para el propio Ministerio de Igualdad. Cabe señalar que en 2021 el OVO de España se constituyó formalmente como asociación independiente (sin ánimo de lucro), aunque surgió bajo el paraguas de El Parto es Nuestro.

Dona Llum – Associació Catalana per un Part Respectat

En Cataluña, la asociación Dona Llum (creada en 2008) ha sido muy activa denunciando violencia obstétrica y luchando por cambios en esa comunidad. Integrada en buena medida por madres y activistas, Dona Llum impulsó campañas contra las altas tasas de cesáreas y episiotomías en hospitales catalanes durante la década de 2010. Han colaborado con la administración catalana en la elaboración de la “Carta de derechos de las mujeres durante el parto y el nacimiento” y celebran cada año la Semana Mundial del Parto Respetado con eventos de concienciación. Sus informes y peticiones (por ejemplo, sobre la necesidad de acompañamiento 24h en partos y cesáreas) han contribuido a mejoras locales. También presionaron para que la ley catalana de 2020 incluyera la violencia obstétrica; de hecho, portavoces de Dona Llum participaron en el debate parlamentario que llevó a dicho reconocimiento legal. Esta asociación sirve de ejemplo de cómo los movimientos sociales regionales inciden en políticas públicas.

Plataformas y otros colectivos

Existen otras agrupaciones relevantes. La Plataforma Pro Derechos del Nacimiento (también conocida como eMovimiento), surgida en redes sociales, difunde información sobre parto respetado y lactancia, y apoya la causa contra la violencia obstétrica. Asociaciones centradas en la salud femenina integral, como la Red Mujeres por la Salud, han incluido este tema en sus reivindicaciones. Incluso colectivos dedicados a la atención en duelo perinatal (pérdida gestacional) han adherido manifiestos contra la violencia obstétrica, entendiendo que el maltrato puede darse también en esos contextos clínicos​ (elpais.com). Asimismo, diversas ONGs feministas (por ejemplo, Fundación Mujeres a través del Observatorio de Violencia de Género) han incorporado la problemática: una campaña de Fundación Mujeres de 2022 resaltaba que “más de la mitad de las embarazadas en España sufren violencia obstétrica” y exigía cambios en el modelo obstétrico (​observatorioviolencia.org​observatorioviolencia.org).

Apoyo legal y redes de afectadas

Se han creado redes informales de afectadas que intercambian recursos legales. La Asociación Española de Derecho Sanitario con Perspectiva de Género (de reciente creación) brinda asesoría a mujeres para denunciar estos casos. Del mismo modo, colectivos de doulas y educadoras perinatales han servido de altavoz para relatos de violencia obstétrica, incrementando la conciencia social. Cabe mencionar el papel de profesionales como Francisca Fernández (abogada) que llevó ante la ONU varios casos, o de la psicóloga perinatal Jesica Rodríguez (presidenta de la Asociación Española de Psicología Perinatal) que difunde el impacto psicológico de esta violencia (​publico.es​publico.es). Estas expertas, muchas vinculadas a ONG o asociaciones, han testificado en medios y foros internacionales denunciando la situación en España.

Gracias a la labor persistente de estas asociaciones y ONG, la violencia obstétrica ha pasado a la agenda pública. Han logrado ponerle nombre a una realidad antes silenciada, siguiendo ese valioso principio feminista de hacer visible lo invisible (​publico.es​publico.es). Sus informes, campañas en redes (#ViolenciaObstétrica es hoy una etiqueta conocida) y su colaboración con investigadoras han sido fundamentales para que autoridades y sociedad reconozcan la magnitud del problema.

Observatorios especializados y vigilancia del fenómeno

Presentación del Observatorio de Violencia Obstétrica de Cantabria en 2023. En España se han creado espacios específicos –tanto ciudadanos como institucionales– para observar, medir y combatir la violencia obstétrica. Estos observatorios reúnen datos, atienden testimonios y formulan recomendaciones. Destacan los siguientes:

Observatorio de Violencia Obstétrica de España (OVO):

(Desarrollado en el apartado de asociaciones) se trata de una iniciativa de la sociedad civil que opera a nivel nacional. Desde su creación en 2019, el OVO ha difundido informes con estadísticas (por ejemplo, el porcentaje de mujeres que sufrieron intervenciones sin consentimiento), definiciones operativas del término, y ha servido de referencia para periodistas e investigadoras​ (observatorioviolencia.org​). Funciona también como centro de documentación: en su sitio web y publicaciones compila normativa, protocolos internacionales (OMS, FIGO, etc.) y bibliografía científica relevante sobre el trato en el parto. Si bien es un observatorio no gubernamental, su rol ha sido reconocido públicamente; por ejemplo, informes del Observatorio de Violencia de Género citan sus definiciones y cifras (​observatorioviolencia.org​). El OVO realiza seguimiento de la evolución legislativa (informando sobre las reformas de ley de 2023) y evalúa si las medidas oficiales tienen impacto real.

Observatorios autonómicos:

Inspirados por el nacional, han empezado a surgir observatorios locales. El más notorio es el Observatorio de Violencia Obstétrica de Cantabria, lanzado en marzo de 2023 por un grupo de profesionales sanitarias cántabras junto a activistas. Este OVO regional, presentado en la sede del sindicato UGT en Santander, ofrece “un espacio de escucha, acompañamiento y asesoramiento” a mujeres y familias que crean haber sido víctimas de malas prácticas durante embarazo, parto o posparto (​eldiario.es​). A diferencia de un órgano meramente investigativo, este observatorio autonómico también busca incidir en el sistema sanitario local: uno de sus objetivos es colaborar con el Servicio Cántabro de Salud para canalizar y subsanar los problemas detectados (​eldiario.es). Un aspecto innovador es que se ofrece apoyo no solo a las usuarias sino también a profesionales que hayan presenciado violencia obstétrica o incluso reconocido haber sido partícipes involuntariamente​ (eldiario.es), generando un espacio seguro para que el personal sanitario reflexione y se forme. Iniciativas similares podrían replicarse en otras comunidades: se habla de posibles observatorios en Cataluña (en conversación con Dona Llum) o en Madrid impulsados por asociaciones de matronas.

Observatorio de Salud de las Mujeres (OSM):

En el ámbito institucional, este observatorio del Ministerio de Sanidad (creado originalmente en 2005, reactivado en 2019) se ocupa de vigilar la salud con enfoque de género. Aunque su mandato es amplio (incluye por ejemplo salud cardiovascular femenina, etc.), tras la reforma legal de 2023 el OSM tendrá un rol concreto en monitorear la atención obstétrica. Como se mencionó, participará en la recogida de datos sobre prácticas contrarias al parto respetado y en la elaboración del protocolo común (​boe.es). Se espera que el OSM publique informes periódicos sobre indicadores clave de calidad en atención al nacimiento (índices de partos instrumentales, uso de analgesia, porcentajes de cesáreas y episiotomías, encuestas de satisfacción de pacientes, quejas registradas, etc.) para evaluar avances en la eliminación de la violencia obstétrica. Este observatorio público trabajará con datos aportados por todas las Comunidades Autónomas (​boe.es​), llenando un vacío histórico: hasta ahora, la estadística sanitaria oficial se centraba en resultados perinatales “duros” (morbilidad, mortalidad, peso del recién nacido) pero no medía el trato humano en los partos. Incorporar esa dimensión será clave para una evaluación integral.

Observatorio de Violencia de Género:

Aunque enfocado principalmente en violencia de pareja, el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (adscrito al Ministerio de Igualdad) ha empezado a incluir la violencia obstétrica en sus reflexiones. Por ejemplo, en 2021 organizó jornadas técnicas donde se discutió el concepto de violencia institucional en obstetricia y su conexión con la violencia de género estructural. Además, portales como Observatorioviolencia.org (mantenido por la ONG Fundación Mujeres con apoyo público) difunden artículos sobre violencia obstétrica en su sección de Actualidad (​observatorioviolencia.org), integrándola en la narrativa general de violencias machistas. Esto refleja que la vigilancia no solo proviene del sector salud, sino también desde el ámbito de igualdad de género.

Otros observatorios sectoriales:

En el campo académico, existen observatorios universitarios sobre salud reproductiva que abordan esta problemática. Por ejemplo, la Universidad de Valencia y la Universidad Jaume I colaboran en un Observatorio de Salud de la Mujer que incluye investigaciones sobre parto respetado. A nivel internacional, España participa en observatorios colaborativos: el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona, en conjunto con otros países de la UE, coordina un proyecto europeo (2022-2024) para crear una red permanente de expertos y organizar una conferencia de consenso sobre la violencia obstétrica (​vhir.vallhebron.com). Estos esfuerzos conectan la vigilancia local con estándares y comparativas internacionales.

En definitiva, la existencia de observatorios –tanto ciudadanos como gubernamentales– demuestra que en España se está evaluando activamente la violencia obstétrica. Se recopilan datos objetivos y testimonios, se elaboran informes, y se hacen recomendaciones de políticas. Esta observación continua permite medir el progreso (o estancamiento) en la reducción de prácticas dañinas, dando seguimiento a compromisos como los de la Estrategia de parto respetado. A medida que estos observatorios consoliden su trabajo, se podrá tener un diagnóstico más claro y actualizado de la situación en cada entorno sanitario, lo cual es imprescindible para rendir cuentas y ajustar intervenciones en pro de la mejora de la atención a la maternidad.

Movimientos sociales y sensibilización pública

La lucha contra la violencia obstétrica en España también se ha dado en las calles, en las redes y en la cultura, más allá de las organizaciones formales. Varios movimientos sociales han contribuido a que esta causa gane visibilidad y apoyo popular:

Activismo feminista y movilizaciones:

En los últimos años, el movimiento feminista ha incorporado la denuncia de la violencia obstétrica dentro de sus reivindicaciones. En manifestaciones del 25 de Noviembre (Día contra la Violencia hacia las Mujeres) se han visto pancartas de “No más violencia obstétrica”, especialmente desde 2019 en adelante. Colectivos feministas jóvenes han entendido que la violencia contra las mujeres no es solo la doméstica, sino también la ejercida institucionalmente en ámbitos como el sanitario. Esta idea ha calado en las protestas. Por ejemplo, en la marcha del 25N de 2023 en Barcelona se exhibieron lemas reclamando partos respetados (​publico.es​). Asimismo, durante el 8 de Marzo (Día de la Mujer) se han leído manifiestos que incluyen la exigencia de acabar con el trato patriarcal en los paritorios y asegurar el respeto a la autonomía de las parturientas. Activistas y madres han alzado la voz para “trasladar la lucha feminista a los paritorios”, pidiendo superar el enfoque patriarcal sobre sus cuerpos e incorporar la perspectiva de género e interseccional en la sanidad (​publico.es). Esta presión social amplia complementa el trabajo de las asociaciones especializadas, dando mayor fuerza al reclamo.

Campañas de concienciación y medios:

Se han llevado a cabo campañas informativas en redes sociales con etiquetas como #ViolenciaObstétrica, #PartoRespetado o #MiPartoMisReglas. Muchas mujeres comparten en Twitter y Facebook sus relatos de partos traumáticos, a menudo usando esos hashtags para generar conversación y apoyo. Estas narrativas públicas han ayudado a otras mujeres a poner nombre a experiencias que sentían como injustas pero no sabían que eran compartidas. Los medios de comunicación han amplificado el mensaje: periódicos de gran tirada (El País, El Mundo) han publicado reportajes y testimonios sobre violencia obstétrica desde 2018; la Agencia SINC de noticias científicas la ha llamado “asignatura pendiente para España” (​agenciasinc.es); y cadenas de televisión han abordado casos concretos en programas de actualidad. Incluso la prensa local ha cubierto cuando se forman observatorios o cuando una víctima logra una sentencia favorable. Todo ello contribuye a que el tema deje de ser tabú.

Cultura y arte como denuncia:

La experiencia del parto violento ha encontrado vías de expresión en la cultura. Un ejemplo es la obra de teatro documental “Anatomía dunha serea” de la actriz Iria Pinheiro, basada en su propio parto traumático en un hospital gallego. Esta obra (estrenada en 2018) visibiliza crudamente las secuelas físicas y psicológicas que sufrió, y ha sido presentada en foros sobre violencia obstétrica​ (publico.es​). También se han realizado exposiciones fotográficas y artísticas: la muestra “Vulnerables” (Injuve, 2021) retrató historias de mujeres afectadas, llamando la atención sobre la deshumanización en la atención perinatal. La literatura no se queda atrás: se han publicado libros y ensayos (por ejemplo, “Parir” de Ibone Olza) que abordan la necesidad de humanizar el nacimiento y narran casos reales. Estas expresiones culturales conectan con el público general a un nivel emocional, generando empatía e indignación social ante la violencia obstétrica, lo que impulsa el cambio.

Testimonios y grupos de apoyo:

El acto de hablar y compartir ha sido en sí un movimiento social. Miles de mujeres, a través de blogs, foros de maternidad, o plataformas como Change.org, han contado sus partos difíciles y han pedido reformas. Por ejemplo, circulan cartas abiertas de madres dirigidas a hospitales reclamando disculpas por haberlas tratado con frialdad o haberse sentido “violadas” en su parto (término que a veces emplean para describir la invasión de su cuerpo sin consentimiento). Algunas de estas cartas se han viralizado, obligando a ciertos centros a revisar protocolos e incluso a reunirse con las afectadas en busca de justicia restaurativa (reconocimiento del daño y disculpas). Aunque no existe un programa oficial de justicia restaurativa en violencia obstétrica, de forma orgánica se están dando pasos en esa dirección: en 2020, tras presión social y legal, un hospital de México ofreció una disculpa pública a una víctima de violencia obstétrica, un precedente internacional que resonó en España​ (swissinfo.ch​). Casos así inspiran a activistas españolas a reclamar no solo compensación, sino reparación moral y cambios efectivos para que otras no sufran lo mismo.

Perspectivas interseccionales:

Movimientos sociales que trabajan con comunidades específicas también han llamado la atención sobre cómo la violencia obstétrica puede verse agravada por factores como el origen étnico, la discapacidad o la clase social. Asociaciones de mujeres gitanas, por ejemplo, han denunciado trato discriminatorio en hospitales (estereotipos que llevan a infantilizar o regañar a mujeres jóvenes gitanas durante el parto). Colectivos de mujeres migrantes señalan barreras idiomáticas y falta de traductores como parte de una violencia institucional que las deja más vulnerables. Estos grupos están incorporando sus voces en el discurso general para asegurar que la respuesta al problema sea inclusiva. La propia ministra de Igualdad afirmó en 2022 que en la reforma legal se contemplaría la perspectiva interseccional para no dejar atrás a las más vulnerables (mencionando a mujeres con discapacidad, migrantes y minorías) (​igualdad.gob.es​).

En síntesis, la sociedad civil en su conjunto –más allá de expertos y políticas– ha tomado partido en contra de la violencia obstétrica. La combinación de protesta, divulgación y apoyo mutuo ha creado un contexto en el que las instituciones se han visto impelidas a responder. Hoy el término ya forma parte del debate público en España: los movimientos sociales han logrado que se reconozca que “es hora de poner fin a la violencia obstétrica. Las mujeres no deberían experimentar un trato abusivo y discriminatorio durante el parto” (​ohchr.org), tal como señalaron expertos de la ONU. Queda camino por recorrer, pero la fuerza de esta demanda social es un indicador claro de que la evaluación y erradicación de la violencia obstétrica se ha convertido en un objetivo impostergable en España.

Enfoques desde distintas disciplinas

El fenómeno de la violencia obstétrica es complejo y se analiza desde múltiples disciplinas, aportando cada una matices para evaluarlo y enfrentarlo. A continuación, se destacan los enfoques más relevantes en el contexto español:

Enfoque antropológico y sociológico

La antropología médica ha sido crucial para entender la violencia obstétrica como un producto sociocultural. Investigadoras/es antropólogos han señalado que el modelo biomédico occidental, durante gran parte del siglo XX, instauró una visión patriarcal y hospitalocéntrica del parto donde la mujer quedaba en segundo plano. Estudios etnográficos en España han documentado cómo prácticas como parir tumbada, la separación temprana del bebé o la comunicación autoritaria se convirtieron en “lo normal” bajo un paradigma tecnocrático. Desde esta óptica, la violencia obstétrica es en gran medida “violencia estructural”: está incrustada en la organización política, económica y sanitaria, como mencionaba la investigadora Desirée Mena (​observatorioviolencia.org). Por ello, su erradicación requiere cambios culturales profundos, no solo sancionar casos extremos. Los antropólogos emplean conceptos como “violencia institucional” o “injusticia epistémica” (cuando el saber de la mujer es menospreciado sistemáticamente) para describir cómo las parturientas han sido históricamente despojadas de autonomía. Trabajos como el de E. García (UAM) resaltan la invisibilización del maltrato obstétrico debido a sesgos de género y a la normalización social del rol pasivo de la mujer en el parto​ (dialnet.unirioja.es). Además, la antropología aporta la comparación con otras culturas: frente al nuestro, existen modelos donde el parto es un evento social centrado en la madre, con menos intervención médica. Esto demuestra que muchas prácticas violentas no son inherentes al parto en sí, sino construcciones culturales que pueden cambiar. En resumen, el enfoque antropológico ayuda a desnaturalizar la violencia obstétrica, viéndola no como “algo que pasa porque sí” sino como resultado de un contexto machista y jerárquico que puede ser transformado.

Enfoque jurídico y de derechos humanos (incluyendo justicia restaurativa)

Desde el derecho, la violencia obstétrica se analiza bajo el prisma de la vulneración de derechos fundamentales de las mujeres. Juristas feministas en España argumentan que estos actos suponen violación del derecho a la salud, a la integridad física y psíquica, al trato digno, a la información y autonomía de la paciente, todos ellos protegidos por normativas nacionales e internacionales (​elpartoesnuestro.es). Si bien actualmente las vías legales para las víctimas son limitadas (suelen recurrir a demandas por negligencia médica o a quejas administrativas), se aboga por reforzar el marco jurídico. Algunas propuestas incluyen tipificar la violencia obstétrica como delito o falta específica, o al menos incorporarla explícitamente en leyes de violencia contra la mujer, para facilitar la protección y reparación. El reconocimiento en la ley catalana y en la reforma estatal de 2023 son pasos en esa línea​ (epe.es). Especialistas en derecho sanitario señalan que los hospitales deben actualizar sus protocolos de consentimiento informado y que los jueces deben considerar la falta de consentimiento o el trato vejatorio no como meras “incidencias médicas” sino como violaciones de derechos (​publico.es​). También se discute la carga de la prueba: usualmente recae en la mujer demostrar el daño, pero se sugiere que, tratándose de posibles violencias de género institucionales, que el sistema sanitario deba demostrar que actuó con respeto.

Una dimensión emergente es la de la justicia restaurativa. Dado que muchas mujeres afectadas sienten que la vía judicial tradicional no las resarce (por la dificultad de probar el “daño moral” y porque a veces solo buscan una disculpa o cambio de protocolos más que una indemnización económica), se plantean alternativas restaurativas. Esto incluiría crear espacios de mediación donde la mujer pueda expresar su experiencia y el equipo médico escuchar, reconociendo errores si los hubo, para luego comprometer mejoras. Algunas experiencias en otros países han mostrado el valor de las disculpas públicas. En España, aunque no existe un procedimiento formalizado, ha habido casos donde tras quejas intensas los hospitales han pedido perdón a la paciente y revisado sus normas (por ejemplo, hospitales que tras recibir reclamaciones por prohibir acompañamiento en cesárea han rectificado esa política). Para las víctimas, ese reconocimiento puede ser sanador. Instituciones como la Defensoría del Paciente han propuesto fomentar esta vía extrajudicial para conflictos sanitarios, que encajaría bien en casos de violencia obstétrica: más que castigar al profesional, se busca reconocer el daño, restaurar la dignidad de la mujer y prevenir que otras pasen por lo mismo. Además, en clave de derechos humanos, se insiste en la importancia de difundir entre las mujeres sus derechos reproductivos: muchas veces el abuso ocurre porque la mujer desconoce que podía negarse a cierta intervención. Por ello, desde el ámbito jurídico se promueve la educación en derechos (por ejemplo, informar a todas las embarazadas de su derecho a un plan de parto, a recibir información comprensible y a no sufrir intervenciones sin consentimiento salvo emergencia vital).

Enfoque de la práctica clínica y bioética

Desde la perspectiva de la práctica clínica, evaluar la violencia obstétrica implica examinar las rutinas hospitalarias y los estándares de atención. Profesionales de la salud comprometidos con la mejora de la calidad analizan qué prácticas obstétricas son evidencia científica vs. costumbre arraigada. Aquí se utilizan herramientas de la calidad asistencial: auditorías, indicadores y guías de práctica clínica. En España, las guías basadas en evidencia (por ejemplo, la Guía de Atención al Parto Normal del Ministerio de Sanidad, 2010) establecen claramente qué intervenciones no deben hacerse salvo indicación (Kristeller, enemas, rasurado, episiotomía sistemática, suero rutinario, etc.). Comparar esas guías con la realidad permite detectar violencia obstétrica: si en un hospital el 90% de las primíparas tienen episiotomía, se está ignorando la evidencia y probablemente vulnerando derechos. Así, el enfoque clínico propone medir indicadores de maltrato –por ejemplo, porcentaje de partos sin acompañante permitido, porcentaje de cesáreas sin urgencia con consentimiento firmado, encuestas de satisfacción del trato recibido– como parte de la evaluación sanitaria.

Un concepto importante es el de “buenas prácticas obstétricas” frente a prácticas obsoletas. Sociedades científicas internacionales (OMS, FIGO) han publicado listados de prácticas a fomentar (movilidad en el parto, contacto precoz madre-hijo, respeto al plan de parto) y prácticas a eliminar (conductas coercitivas, intervenciones injustificadas) (​observatorioviolencia.org​). En España se han adoptado muchas, pero otras persisten. Por ello, desde dentro del campo clínico surgen programas de formación específicos: talleres para ginecólogos y matronas en comunicación empática, cursos de actualización en parto respetado, etc. Algunas maternidades han implementado proyectos piloto de atención centrada en la mujer, por ejemplo, creando salas de parto natural dentro del hospital (más íntimas, con libertad de posición y mínimo instrumental), o protocolos de consentimiento explícito para prácticas invasivas (asegurándose de explicar y pedir autorización antes de, digamos, una maniobra de Hamilton o Kristeller). Estos cambios, si bien locales, sirven de modelo.

La bioética también juega un rol: los comités de ética hospitalarios han empezado a revisar casos de quejas de pacientes por mala atención en el parto. La discusión ética se centra en el equilibrio entre seguridad y autonomía. Tradicionalmente la balanza se inclinó hacia la seguridad fetal a cualquier costo, pero hoy se reconoce que la autonomía de la madre y su vivencia no pueden ser anuladas salvo riesgo grave inmediato. Los bioeticistas señalan que el consentimiento informado no es un mero papel, sino un proceso de diálogo, y que la negativa de una mujer a un procedimiento debe respetarse (incluso si médicamente no se comparte su decisión, salvo que comprometa directamente la vida). Esta sensibilización ética interna promueve que los propios profesionales cuestionen prácticas paternalistas. Por ejemplo, cada vez más ginecólogos jóvenes se niegan a realizar una episiotomía “porque toca” sin explicar ni pedir permiso, ya que lo consideran contrario a la ética del consentimiento.

En conclusión, el enfoque de práctica clínica aborda la violencia obstétrica desde dentro del sistema de salud, buscando cambios en protocolos, entrenamientos y cultura profesional. Evalúa el fenómeno con métricas de calidad y procura soluciones concretas en la atención diaria, guiado por la bioética del respeto a la paciente. Cuando los hospitales adoptan este enfoque, suelen verse mejoras rápidas en la satisfacción de las usuarias y disminución de intervenciones innecesarias.

Enfoque psicológico y salud mental materna

La psicología perinatal y la psiquiatría maternal han arrojado luz sobre las repercusiones emocionales de la violencia obstétrica y la importancia de atenderlas. Desde esta disciplina, evaluar la violencia obstétrica implica detectar secuelas en la salud mental de la madre (e incluso de su pareja o bebé) tras un parto traumático. Profesionales de salud mental materna en España han empezado a incluir preguntas sobre la experiencia del parto en las evaluaciones posparto rutinarias, para identificar signos de trauma. Claves de este enfoque:

Trastorno de estrés postraumático (TEPT) posparto:

Se reconoce ya que un parto vivido como violento puede desencadenar un TEPT en la madre, con síntomas como revivir constantemente el momento, pesadillas, ansiedad extrema, evitación de todo lo relacionado con partos y bebés, etc. Expertos señalan que algunas mujeres desarrollan una verdadera fobia tras la experiencia (tocofobia secundaria) que las lleva a evitar futuros embarazos o a solicitarlos por cesárea programada por terror al parto vagina (publico.es​). La psicología perinatal busca medir la prevalencia de TEPT posparto en España (todavía en estudio) y brindar tratamiento psicológico adecuado (terapias de trauma, grupos de apoyo) a las afectadas. El hecho de que muchas no identifiquen que lo que sufren es TEPT hasta tiempo después dificulta las cifras, pero asociaciones como la Asociación Española de Psicología Perinatal están concienciando sobre ello.

Depresión y ansiedad postnatal:

Un parto con maltrato aumenta el riesgo de depresión postparto. Si la mujer se siente humillada o ninguneada durante su parto, puede emerger un sentimiento de indefensión y tristeza profunda en el puerperio. Estudios internacionales (y la revisión sistemática citada) confirman que la violencia obstétrica se correlaciona con mayores tasas de depresión postparto y trastornos de ansiedad generalizada (​estudiospsicologicos.com). Los psicólogos subrayan que no se puede separar la salud mental materna de la experiencia obstétrica: una mala experiencia puede impactar negativamente el vínculo materno-infantil, la confianza de la mujer en sí misma como madre, y su recuperación emocional tras el nacimiento. Por tanto, parte de evaluar la calidad de la atención perinatal es también evaluar los indicadores de bienestar psicológico de la madre después.

Apoyo y terapia:

Desde este enfoque se han creado grupos terapéuticos específicos. En algunas ciudades (Madrid, Barcelona) existen grupos de “madres con partos difíciles” facilitados por psicólogas, donde se trabaja el trauma en conjunto. La Sociedad Marcé Española (capítulo local de la Internacional Marcé Society for Perinatal Mental Health) ha incluido la violencia obstétrica en sus congresos y publicaciones, destacando la necesidad de acompañamiento psicológico tras eventos obstétricos adversos​ (sociedadmarce.org​). Incluso se plantea que las maternidades ofrezcan, como parte de sus servicios, una consulta de “debriefing” postparto: es decir, una revisión emocional del parto con la madre, para aclarar dudas y validar sentimientos, lo cual puede prevenir traumas. Algunos hospitales en el Reino Unido ya lo hacen; en España empieza a valorarse su implementación.

Salud mental de los profesionales:

Interesantemente, la psicología perinatal no solo mira a las pacientes sino también a los sanitarios. Se reconoce que el entorno obstétrico puede ser estresante para los profesionales y que una cultura violenta o poco empática puede afectarles también (síndrome de burnout, desensibilización). Por ello, se promueve la formación en competencias emocionales para el personal de paritorios: cómo manejar el estrés sin descargarlo en la paciente, cómo comunicar con empatía incluso en situaciones críticas, etc. Un profesional que atiende con calma y respeto no solo evita daños a la paciente, sino que él/ella mismo experimentará menos carga moral negativa. Como decía FAME, “la violencia obstétrica… también degrada a los profesionales que la ejercen (​matronasextremadura.org​); por tanto, eliminarla redunda en mejor clima laboral y salud mental de todos.

El enfoque psicológico pone de relieve que la violencia obstétrica tiene un alto coste invisible: el sufrimiento psíquico de las mujeres (y sus familias) tras el parto. Considera fundamental medir esos impactos y ofrecer recursos para mitigarlos. Este enfoque ha sido adoptado en políticas: la Estrategia Nacional de Salud Mental 2022 menciona la atención psicológica en el posparto, y la ley 1/2023 incluye entre sus fines el bienestar psicoemocional en la maternidad (​sociedadmarce.org​). Abordar la violencia obstétrica desde la salud mental significa escuchar las historias de las mujeres, validar su dolor y trabajar para que ninguna experiencia de parto deje cicatrices emocionales indelebles.

Aspectos clave para un estudio comparativo de la violencia obstétrica y el parto respetado en la UE (última década)

Al comparar la situación de la violencia obstétrica y el parto respetado entre países de la Unión Europea en los últimos 10 años, es fundamental examinar múltiples dimensiones. A continuación se presenta un listado estructurado de aspectos clave, organizado en tres perspectivas complementarias (legal-política, sanitaria y sociocultural), con ejemplos breves para guiar el análisis comparativo.

Enfoque legal y político

Legislación nacional (marco legal interno):

Revisar las leyes de cada país que protegen los derechos de las mujeres durante la atención del parto. ¿Existe reconocimiento legal expreso de la violencia obstétrica como forma de violencia de género o maltrato? Por ejemplo, ninguna nación de la UE tipifica penalmente la violencia obstétrica aún​, aunque regiones como Cataluña (España) la incluyeron en su ley contra la violencia machista en 2020. También considerar leyes de derechos del paciente o leyes sanitarias que garanticen el consentimiento informado, la dignidad y la autonomía de la mujer durante el parto.

Legislación supranacional y convenios internacionales:

Analizar el marco jurídico europeo e internacional que influye en las políticas nacionales. Por ejemplo, la Resolución 2306 (2019) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa reconoce la violencia obstétrica y ginecológica como “una forma más de violencia hacia las mujeres” e incluye prácticas no consensuadas como episiotomías forzadas, tactos vaginales sin consentimiento o intervenciones dolorosas sin anestesia​. La Unión Europea también ha abordado el tema: el Parlamento Europeo, en una resolución de enero de 2021 sobre igualdad de género, señaló que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género visibilizada recientemente​. Asimismo, tratados y convenciones como el Convenio de Estambul (art. 39 sobre esterilizaciones y abortos forzados) y la CEDAW influyen en el reconocimiento de este fenómeno como violación de derechos humanos. Un estudio comparativo debe considerar si cada país ha ratificado y aplicado estos instrumentos.

Protocolos y guías oficiales de parto respetado:

Verificar la existencia de protocolos clínicos nacionales o directrices ministeriales para una atención respetuosa del parto. Muchos países han emitido guías de buenas prácticas obstétricas en la última década (por ejemplo, guías nacionales que desaconsejan prácticas rutinarias dañinas y promueven el parto humanizado). Comparar si existen documentos como planes de “parto humanizado” o “plan de parto” oficiales que establezcan estándares (p. ej., límite al uso rutinario de intervenciones, promoción del consentimiento informado y el trato digno). Evaluar también si los hospitales cuentan con protocolos locales de parto respetado y si estos se aplican de forma homogénea.

Políticas públicas y compromisos gubernamentales:

Identificar estrategias de salud pública o planes nacionales relacionados con salud materna y neonatal que incorporen la perspectiva de parto respetado. Por ejemplo, programas para reducir la tasa de cesáreas innecesarias o iniciativas para fomentar la presencia de matronas y casas de parto. Considerar si los gobiernos han lanzado campañas institucionales de sensibilización o capacitaciones al personal sanitario sobre violencia obstétrica. También investigar si se han creado órganos como observatorios de violencia obstétrica o comités especializados para monitorear y mejorar la calidad de la atención perinatal.

Resoluciones parlamentarias y debate político:

Examinar el nivel de discusión política y parlamentaria sobre el tema en cada país. Esto incluye resoluciones o mociones en parlamentos nacionales reconociendo la violencia obstétrica, preguntas parlamentarias a ministros de salud, o debates públicos sobre la necesidad de reformas. Por ejemplo, algunos parlamentos regionales en Europa han debatido la inclusión del término en leyes de violencia de género, generando controversias con corporaciones médicas. Un estudio comparativo debería registrar cuáles países han tenido debate político activo (p.ej., audiencias, informes oficiales) sobre la humanización del parto y qué compromisos públicos han asumido las autoridades.

Cumplimiento de recomendaciones internacionales:

Evaluar en qué medida cada Estado ha implementado las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS, ONU o Consejo de Europa. Por ejemplo, la OMS emitió en 2014 y 2018 recomendaciones para prevenir el trato irrespetuoso durante el parto, y el Consejo de Europa instó en 2019 a recopilar datos y asegurar el consentimiento informado en obstetricia​. La ONU ha instado a los Estados a garantizar que las mujeres puedan dar a luz sin sufrir maltrato, adoptando leyes y políticas para prevenir y sancionar esa violencia​. Un análisis por país debe revisar informes de cumplimiento: si han adaptado sus protocolos a las guías de la OMS, si han respondido a recomendaciones de la CEDAW (que en observaciones finales a países europeos ha abordado la temática) o si han participado en iniciativas europeas conjuntas para mejorar la atención del parto.

Enfoque sanitario (clínico-asistencial)

Indicadores clínicos y asistenciales:

Reunir y comparar datos estadísticos clave que reflejen prácticas obstétricas en cada país. Indicadores importantes incluyen:

Tasa de cesáreas: porcentaje de nacimientos por cesárea (observando variaciones entre países y frente al estándar del 10-15% sugerido por la OMS). Algunos países del sur de Europa presentan tasas superiores al 30-40%, mientras otros del norte rondan el 15-20%, lo que indica distintas prácticas o políticas.

Tasa de episiotomías: frecuencia de episiotomías en partos vaginales. Por ejemplo, en Francia cerca del 20% de los partos incluyen episiotomía (alcanzando 45% en ciertos hospitales), e Italia reporta tasas alrededor del 50%, a pesar de que la OMS solo aconseja esta intervención cuando es médicamente necesaria​. Estas diferencias muestran el grado de implementación de las recomendaciones para evitar episiotomías rutinarias.

Uso de partos instrumentales: proporción de partos con fórceps o ventosa (vacuum) y variación en los criterios para su uso. Una alta variabilidad podría sugerir diferencias en formación o en tolerancia al período expulsivo.

Otros indicadores relevantes: tasa de inducciones del parto, porcentaje de partos con analgesia epidural, incidencia de cesáreas electivas vs. urgentes, y tasa de mortalidad o morbilidad materna y neonatal (que, si bien no son directamente “violencia”, dan contexto sobre la calidad y seguridad de la atención).

Prácticas de consentimiento informado:

Analizar cómo se implementa el consentimiento informado en la atención obstétrica de cada país. Esto abarca si se informa a la mujer y se obtiene su consentimiento antes de procedimientos como inducciones, cesáreas de urgencia, episiotomías o maniobras como la presión fundal. Verificar si existen formularios específicos de consentimiento para intervenciones obstétricas y si las pacientes los firman tras recibir explicaciones claras. Un estudio comparativo debe considerar si las guías nacionales enfatizan la necesidad de consentimiento verbal o escrito y si hay diferencias culturales en cuánto se respeta la decisión de la mujer (por ejemplo, el derecho a rechazar ciertas intervenciones). También entra aquí el respeto al plan de parto de la mujer cuando lo hubiera, y cómo se manejan las situaciones de emergencia en equilibrio con los derechos de la paciente.

Políticas hospitalarias de acompañamiento y condiciones del parto:

Comparar las normas sanitarias en torno a la experiencia hospitalaria del parto. Por ejemplo, si se garantiza por ley o protocolo el derecho de la mujer a estar acompañada por una persona de su elección durante el trabajo de parto y posparto (pareja, doula, familiar), y si esto se cumple en la práctica. Evaluar si los hospitales permiten y fomentan la deambulación y libertad de posición durante el parto, el acceso a métodos no farmacológicos de alivio del dolor (baños de agua, pelotas de parto, etc.), y el contacto inmediato piel con piel con el recién nacido. La presencia de restricciones injustificadas (como prohibir comer/beber durante el trabajo de parto sin razones médicas, o imponer posiciones de litotomía) podría considerarse parte de un trato no respetuoso. Un análisis por país debe revisar protocolos hospitalarios típicos y encuestas de satisfacción sobre estas condiciones.

Buenas prácticas obstétricas (parto humanizado):

Identificar la presencia de modelos alternativos y buenas prácticas de atención perinatal en cada sistema de salud. Por ejemplo, existencia de casas de parto o centros de nacimiento extra-hospitalarios supervisados por matronas, programas de “parto humanizado” o de atención centrada en la mujer, unidades hospitalarias de bajo riesgo dirigidas por matronas, y opciones para partos en agua o partos domiciliarios planificados con apoyo profesional. Evaluar si se promueve el uso mínimo de intervenciones cuando todo transcurre normalmente (manejo expectante) y si se respetan las preferencias de las mujeres en cuanto a posición de parto, movimiento y método de alivio del dolor. La comparación debe resaltar qué países han adoptado ampliamente estas buenas prácticas (p. ej., incorporación de recomendaciones de la iniciativa Birth Friendly o programas similares) frente a aquellos donde predomina un enfoque más medicalizado.

Auditorías y controles de calidad asistencial:

Indagar qué mecanismos de evaluación de la calidad existen en la atención obstétrica. Por ejemplo, si los países realizan auditorías periódicas de indicadores obstétricos en hospitales (revisando tasas de intervenciones por institución), o si existen certificaciones de calidad específicas para maternidades (acreditaciones “amigo de la madre y del bebé”, etc.). Considerar la presencia de encuestas de satisfacción post-parto aplicadas sistemáticamente por los sistemas de salud y de sistemas de notificación de incidencias o quejas por parte de pacientes. Un aspecto a comparar es si existen inspecciones o revisiones externas (por parte de autoridades sanitarias o defensores del pueblo) de los servicios de maternidad y si ha habido informes públicos señalando deficiencias en el trato (p. ej., informes especiales tras casos mediáticos de mala praxis). También incluir si se recopilan datos de morbilidad materna extrema o trauma obstétrico como parte de la vigilancia de la calidad.

Guías de práctica clínica y formación profesional:

Revisar las guías clínicas nacionales sobre atención al parto normal y obstetricia emitidas en cada país y su alineación con estándares internacionales. Por ejemplo, guías que desaconsejen la episiotomía rutinaria, límite de cesáreas innecesarias, uso racional de oxitocina, etc., siguiendo recomendaciones de la OMS o FIGO. Evaluar si estas guías están actualizadas (muchos países renovaron sus guías en la última década para enfatizar el parto respetado) y si se difunden entre el personal. Además, comparar cómo se integra la temática en la formación de profesionales: presencia de capacitaciones sobre trato respetuoso, comunicación y derechos de la paciente en los planes de estudio de obstetras, matronas y enfermeras. Países que han incorporado módulos de formación en violencia de género o ética del cuidado obstétrico pueden mostrar diferencias en la sensibilización del personal frente a aquellos que no lo han hecho.

Enfoque sociocultural

Percepción y experiencias de las mujeres:

Explorar cómo las mujeres evalúan la atención recibida durante el parto en distintos países, mediante encuestas de satisfacción y estudios sobre prevalencia de maltrato. En la última década han proliferado encuestas autogestionadas y académicas: por ejemplo, alrededor de 1 de cada 5 mujeres en Italia y 1 de cada 3 en España han reportado haber sufrido alguna forma de violencia obstétrica en sus partos​. Estos datos (así como el 20% en Bélgica según estudios recientes) evidencian diferencias en las experiencias reportadas. Además de cifras, recopilar testimonios y relatos de parturientas que describen comportamientos abusivos (gritos, humillaciones, falta de analgesia voluntaria, etc.) o, por el contrario, experiencias positivas de parto respetado. Un estudio comparativo debe valorar cómo varía la percepción pública: en algunos países las mujeres pueden estar más dispuestas a denunciar malos tratos obstétricos, mientras que en otros quizá normalizan ciertas prácticas. También conviene revisar si existen estudios cualitativos (p. ej., investigaciones antropológicas o sociológicas) que arrojen luz sobre la vivencia de las mujeres de diversos orígenes.

Movimientos sociales y activismo feminista:

Considerar la fuerza de los movimientos sociales (especialmente feministas) que visibilizan y denuncian la violencia obstétrica en cada país. Organizaciones de mujeres y colectivos pro derechos del parto han surgido o cobrado impulso en los últimos años: por ejemplo, la asociación El Parto es Nuestro en España, que desde hace años documenta casos y promueve cambios; grupos como BirthRights en el Reino Unido que abogan por los derechos humanos en el parto, u observatorios de violencia obstétrica en Italia (OVA, Osservatorio Violenza Ostetrica) y otros países. Evaluar las actividades de estos movimientos: campañas en redes sociales, publicación de informes con testimonios, presencia en conferencias o colaboraciones con universidades. También ver si han logrado incidir en agendas políticas o mediáticas (por ejemplo, a través de peticiones populares o participación en comités de salud). La comparación debe reflejar dónde el activismo ciudadano ha tenido mayor impacto en la reforma de prácticas y dónde enfrenta más resistencia.

Asociaciones de pacientes y profesionales aliados:

Mapear la presencia de asociaciones de usuarias de la maternidad y grupos de pacientes que exigen mejoras en la atención obstétrica, así como el apoyo de colectivos profesionales sensibilizados. En algunos países existen grupos de apoyo a madres recientes, asociaciones de víctimas de violencia obstétrica o de parto traumático, que ofrecen acompañamiento y visibilizan el problema. Asimismo, ciertos colectivos de matronas, enfermeras o médicos pueden aliarse con estas causas (por ejemplo, federaciones de matronas que impulsan el parto humanizado, o ginecólogos que públicamente reconocen excesos intervencionistas). Comparar si en cada país hay un entramado asociativo activo que dialogue con el sistema de salud. También considerar la reacción del gremio médico: en algunos lugares ha habido rechazo al término “violencia obstétrica” por parte de asociaciones de obstetras, lo cual es un factor sociocultural relevante en la dinámica del debate.

Medios de comunicación y campañas públicas:

Analizar cómo de presente está el tema en el discurso público y mediático. ¿Ha habido cobertura en prensa, TV o documentales sobre malos tratos en el parto? Por ejemplo, reportajes de investigación que expongan casos graves, o programas dedicados a la humanización del nacimiento. Evaluar si se han difundido campañas públicas de sensibilización: una de alcance internacional es la Semana Mundial del Parto Respetado (cada mayo), adoptada en muchos países europeos con actividades y mensajes en medios. También campañas locales, como iniciativas de ministerios de salud para promover los derechos de las mujeres embarazadas. La presencia del tema en redes sociales es otro indicador: hashtags como #violenciaobstétrica o #partorespetado y virales de relatos personales que generen conversación. En conjunto, comparar qué tanto se habla del tema abiertamente en cada sociedad y si ello ha contribuido a cambios (por ejemplo, disculpas públicas de hospitales tras escándalos difundidos por la prensa).

Protestas y movilización social:

Investigar eventos de protesta y movilización relacionados con la atención al parto. En varios países se han organizado manifestaciones o acciones simbólicas: por ejemplo, la “Roses Revolution”, donde cada 25 de noviembre mujeres dejan una rosa y una nota de denuncia en las maternidades donde sufrieron maltrato, ha tenido eco internacional. También concentraciones frente a hospitales o ministerios exigiendo partos respetados, o campañas de recolección de firmas para cambios legales. Un estudio comparativo podría listar qué tipos de protestas han ocurrido en la última década en cada país y con qué repercusión. Esto muestra el nivel de consciencia ciudadana y presión social ejercida para reformar las prácticas obstétricas.

Enfoque interseccional y grupos vulnerables:

Por último, incorporar una mirada interseccional al comparar países. Considerar cómo factores como la etnia, la clase socioeconómica, la edad, la condición de migrante o el nivel educativo influyen en la experiencia del parto. Preguntar si existen casos documentados de discriminación específica (por ejemplo, mujeres migrantes o de minorías que reportan mayor maltrato o dificultades de comunicación en hospitales). Algunos estudios en Europa señalan disparidades: p. ej., en Bélgica se reportó que el 25% de las mujeres con menor nivel educativo experimentaron violencia obstétrica, superando la media nacional​. Asimismo, atender a las necesidades especiales: mujeres con discapacidad (¿reciben apoyo adecuado para un parto digno?), personas LGBTIQ+ (por ejemplo, hombres trans gestantes o parejas lesbianas, ¿encuentran respeto y reconocimiento en salas de parto?), y grupos como la comunidad gitana en ciertos países que históricamente han enfrentado tratos vejatorios. Incluir esta dimensión ayuda a comprender si los sistemas sanitarios europeos garantizan un parto respetado de forma equitativa para todas las mujeres, o si persisten brechas de trato que deben abordarse en cada contexto nacional.

Investigadores en España sobre Violencia Obstétrica y Parto Respetado

A continuación se enumeran varios profesionales e investigadores en España que trabajan directamente en temas de violencia obstétrica y parto respetado, junto con sus publicaciones destacadas de los últimos años. Se incluyen perfiles del ámbito académico, clínico y del activismo profesional, priorizando trabajos desde universidades españolas, hospitales y asociaciones relacionadas.

Eva Margarita García

– Doctora en antropología (colaboradora en UOC) y activista feminista. Publicación destacada: Tesis doctoral titulada «La violencia obstétrica como violencia de género. Estudio etnográfico de la violencia asistencial en el embarazo y el parto en España y de la percepción de usuarias y profesionales» (Universidad Autónoma de Madrid, 2018)​gacetasanitaria.org. Esta investigación etnográfica –la primera tesis doctoral en Europa sobre violencia obstétrica– dio origen al libro «Partos arrebatados: La violencia obstétrica y el mercado de la sumisión femenina» (Ménades Editorial, 2021)​, que analiza testimonios de mujeres y profesionales sanitarios en España.

Stella Villarmea Requejo

– Filósofa, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid (anteriormente Universidad de Alcalá). Es investigadora principal de proyectos sobre filosofía del nacimiento y ha estudiado los derechos reproductivos y la violencia obstétrica​. Publicación destacada: Capítulo de libro/artículo académico «El Parto es Nuestro: El impacto de una asociación de usuarias en la reforma del sistema obstétrico de España» (en Cuestiones de vida y muerte. Perspectivas éticas y jurídicas en torno al nacer y el morir, 2015) – coautoría con Ibone Olza y Adela Recio. En este trabajo (también publicado en la revista Dilemata, 2015) analiza el efecto del activismo sobre la atención al parto en España.

Ibone Olza Fernández

– Psiquiatra perinatal e investigadora, cofundadora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Ha estudiado el impacto psicológico de las prácticas obstétricas y ha denunciado la violencia obstétrica desde la clínica y la academia. Publicación destacada: Artículo científico «Estrés postraumático secundario en profesionales de la atención al parto. Aproximación al concepto de violencia obstétrica» (Revista de Medicina Psicosomática, 2014)​gacetasanitaria.org. También ha colaborado en estudios éticos sobre parto respetado (por ejemplo, coautora del trabajo junto a Stella Villarmea antes mencionado). Es autora de libros de divulgación sobre maternidad y parto, como «Parir» (2020, Ed. Catarata).

Javier Rodríguez Mir

– Antropólogo, profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha investigado la invisibilización de la violencia obstétrica en el sistema sanitario español. Publicación destacada: Artículo científico (carta) «La violencia obstétrica: una práctica invisibilizada en la atención médica en España» (Gaceta Sanitaria, 35(3):211-212, 2021)​gacetasanitaria.org. En este artículo, Rodríguez Mir (Departamento de Antropología, UAM) describe las prácticas deshumanizantes durante la atención al parto en España y las enmarca como una forma de violencia de género estructural​gacetasanitaria.org.

Alejandra Martínez Gandolfi

– Profesional sanitaria (Gerencia de Atención Primaria, Sacyl, Ávila) e investigadora en el ámbito de salud pública. Coautora, junto a J. Rodríguez Mir, del artículo científico «La violencia obstétrica: una práctica invisibilizada en la atención médica en España» (Gaceta Sanitaria, 2021)​gacetasanitaria.org. En este trabajo destaca la falta de reconocimiento del maltrato obstétrico entre muchos profesionales de salud y propone visibilizar esta problemática en España​gacetasanitaria.org. Su perspectiva desde la gestión sanitaria aporta al análisis de cómo institucionalmente se puede prevenir la violencia obstétrica.

Victoria A. Ferrer Pérez

– Psicóloga social y profesora en la Universitat de les Illes Balears, especializada en estudios de género. Ha investigado la experiencia de las mujeres que sufrieron violencia obstétrica. Publicación destacada: Artículo científico «Violencia obstétrica: la perspectiva de mujeres que la han sufrido» (Revista Investigaciones Feministas, vol. 10, 2019)​gacetasanitaria.org. Este estudio, realizado con coautoras R. Llobera Cifre y X. Chela Álvarez, examina desde una perspectiva feminista los testimonios de mujeres españolas que vivieron violencia durante el parto, evidenciando las vulneraciones de derechos y proponiendo cambios para un parto más respetado.

Serena Brigidi

• Profesora asociada en el Departamento de Antropología, Filosofía y Trabajo Social de la Universitat Rovira i Virgili (URV).​
  
• Publicaciones destacadas:
  
  • Artículo: «Group Body Mapping: Exploring Intersectional Aspects of Obstetric Violence Through Embodiment—Experiences of Migrant Women in Situations of Vulnerability» (2025).​
    
  • Capítulo de libro: «El origen del mundo: entender la violencia obstétrica» (2024).​
    

Ester Massó Guijarro

• Profesora titular en el Área de Filosofía Moral, Departamento de Filosofía I, Universidad de Granada.​
  
• Publicaciones destacadas:
  
  • Artículo: «Obstetric violence as epistemic injustice: childbirth trouble» (2023).​
    
  • Artículo: «Lactivism and Mothering as Libertarian Social Practices: A Feminist Plea» (2022).​
    

Itziar García Ruiz

• Investigadora sénior en el Grupo de Medicina Materna y Fetal del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).​
  
• Contribuciones destacadas:
  
  • Participa en proyectos relacionados con la mejora de la atención materna y fetal, incluyendo la prevención de la violencia obstétrica.​
    
  • Forma parte del equipo del VHIR que participa en el proyecto europeo IPOV (International Platform on Obstetric Violence).​
    

Vanessa Bueno

• Investigadora en el Grupo de Medicina Materna y Fetal del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).​
  
• Contribuciones destacadas:
  
  • Impulsora de iniciativas para mejorar la atención al parto y reducir la violencia obstétrica.​
    
  • Participa activamente en el proyecto IPOV, colaborando en el diseño e implementación de programas de formación para profesionales de la salud en atención respetuosa durante la maternidad y el parto.​
    

Elena Carreras Moratonas

• Doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Obstetricia y Ginecología.
• Jefa del Servicio de Obstetricia y Ginecología Reproductiva en el Hospital Universitari Vall d’Hebron.
• Presidenta de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia.
• Investigadora principal del Grupo de Medicina Materna y Fetal del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) .
• Coordinadora del Área de Investigación de Obstetricia, Pediatría y Genética del VHIR.
• Profesora asociada en la Universitat Autònoma de Barcelona.

Contribuciones destacadas

• Liderazgo en medicina y cirugía fetales, especialmente en la corrección prenatal de la espina bífida y en embarazos de alto riesgo.
• Pionera en la implementación de innovaciones clínicas, como la cesárea “provincle”, simuladores para reducir la hemorragia postparto y la impresión 3D de la cara fetal.
• Promotora de la investigación interdisciplinaria, coordinando proyectos sobre salud mental perinatal y violencia gineco-obstétrica .
• Reconocida por su excelencia profesional, fue galardonada en 2015 como la mejor ginecóloga de España según la revista Forbes .

Entidades públicas y observatorios

Instituto de las Mujeres

• Organismo público que ha impulsado mesas de trabajo y propuestas legislativas para incluir el parto respetado en la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva.​
  
• Ha reconocido la necesidad de nombrar y visibilizar la violencia obstétrica como forma de violencia de género.​
  

Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO)

• Sitio web oficial: observatorioviolenciaobstetrica.es
  
• Fundación: Creado en 2014 por la asociación El Parto es Nuestro, el OVO es una entidad sin ánimo de lucro inscrita legalmente en 2019.​
  
• Objetivos principales:
  
  • Investigar y promover mejoras en la calidad de los servicios asistenciales relacionados con la salud sexual y reproductiva
  • Fomentar el respeto a la legislación que protege los derechos de las pacientes y usuarias.​
  • Erradicar toda forma de discriminación, intimidación, violencia o explotación del cuerpo y la salud de las mujeres.​
  • Facilitar el acceso de las mujeres a servicios de atención materno-infantil de calidad y respetuosos.​
  • Apoyar a las mujeres que han sufrido violencia en el ámbito de su salud sexual o reproductiva, así como al personal investigador y docente interesado en estos objetivos. ​

• Actividades destacadas:
  
  • Elaboración de informes anuales sobre la incidencia de la violencia obstétrica en España.​
    
  • Organización de jornadas y talleres formativos para profesionales de la salud y el público en general.​
    
  • Asesoramiento y acompañamiento a mujeres que han experimentado violencia obstétrica.​
    
  • Colaboración con instituciones y organismos para la implementación de políticas públicas que promuevan el parto respetado.​
    

Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer

• Órgano colegiado interministerial adscrito a la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género.​
  
• Se encarga del asesoramiento, evaluación y elaboración de informes y estudios sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres, incluyendo la violencia obstétrica.
  

Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

• Órgano directivo del Ministerio de Igualdad responsable de proponer la política del Gobierno en materia de violencia contra las mujeres.​
• Impulsa, coordina y asesora en todas las medidas que se lleven a cabo en esta materia.
  

Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

• Órgano superior del Ministerio de Igualdad encargado de la propuesta y desarrollo de las políticas del Gobierno en materia de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres.​
  

Ministerio de Igualdad

• Departamento de la Administración General del Estado responsable de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de igualdad y de las políticas dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre mujeres y hombres.​

Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN)

• Programa lanzado por la OMS y UNICEF para animar a los hospitales y servicios de salud a adoptar prácticas que protejan, promuevan y apoyen la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento.​
• En España, promueve la humanización de la asistencia al nacimiento y la lactancia, contribuyendo a la reducción de la violencia obstétrica.

Servicio Murciano de Salud (SMS)

• Organismo encargado del sistema de prestaciones sanitarias públicas en la Región de Murcia.​
• Ha implementado el Programa Integral de Atención a la Mujer (PIAM), que incluye subprogramas dirigidos a la atención al embarazo, parto y puerperio, con enfoque en la humanización de la atención y la prevención de la violencia obstétrica.​

Asociaciones y movimientos civiles

El Parto es Nuestro

• Sitio web: elpartoesnuestro.es
  
• Descripción: Asociación sin ánimo de lucro fundada en 2003, referente en el activismo contra la violencia obstétrica en España.​
  
• Actividades destacadas:
  
  • Participación en la elaboración de la Estrategia de Atención al Parto Normal del Sistema Nacional de Salud.​
    
  • Campañas como la denuncia de viñetas sexistas de la SEGO.​
    
  • Producción del documental La voz de las mujeres.​

Roses Revolution (Revolución de las Rosas)

• Sitio web: rosesrevolution.org
  
• Descripción: Movimiento internacional nacido en España en 2011, consistente en depositar rosas en hospitales cada 25 de noviembre para denunciar prácticas de violencia obstétrica.​
  
• Actividades destacadas:
  
  • Impulsado por activistas como Jesusa Ricoy y apoyado por El Parto es Nuestro.​
    

Observatorio de Violencia Obstétrica (OVO)

• Sitio web: observatorioviolenciaobstetrica.es
  
• Descripción: Entidad feminista y no lucrativa fundada en 2014 por la asociación El Parto es Nuestro.​
  
• Actividades destacadas:
  
  • Recoge, analiza y difunde información sobre prácticas constitutivas de violencia obstétrica en España.​
    
  • Actúa como órgano evaluador de medidas adoptadas para erradicar esta forma de violencia y elabora informes anuales sobre su incidencia.​
    

Plataforma Pro Derechos del Nacimiento

• Sitio web: facebook.com/PDN.org
  
• Descripción: Colectivo que promueve el respeto a los procesos fisiológicos del nacimiento y denuncia la medicalización excesiva del parto.​
  
• Actividades destacadas:
  
  • Impulsora del Día Mundial de los Derechos del Nacimiento, celebrado el 7 de junio.​
    

Asociación Vía Láctea

• Sitio web: vialactea.org
  
• Descripción: Organización que aboga por la humanización del parto y el respeto a los derechos de las mujeres durante el proceso de nacimiento.​
  
• Actividades destacadas:
  
  • Ofrece apoyo a la maternidad en todas sus etapas, desde el embarazo, pasando por el postparto, la lactancia y la crianza.​
    
  • Realiza encuentros de madres, atención individual, charlas, talleres y atención personalizada.​
    

Associació Naixença

• Sitio web: naixenca.cat
  
• Descripción: Asociación catalana que trabaja en la promoción del parto respetado y la atención centrada en la mujer.​
  
• Actividades destacadas:
  
  • Organización de talleres, charlas y grupos de apoyo para mujeres embarazadas y profesionales de la salud.​
    
  • Colaboración con instituciones sanitarias para fomentar prácticas de parto respetado.